Catalogan de juicio político proceso contra opositores de San Dionisio

Jue, 23/11/2017 - 11:14 -- Vinicio Vargas
Lugar de publicación: 

El jurista y experto en derecho constitucional, Oscar Castillo, explicó este miércoles que el contexto electoral y las circunstancias alrededor del enjuiciamiento a los opositores de San Dionisio (Matagalpa), hacen de este proceso un juicio político, porque el conflicto lo originó la negación de un derecho.

El pasado 31 de octubre, un grupo de miembros del PLC irrumpieron con violencia en la sede del Consejo Electoral Municipal (CEM) de San Dionisio, como forma de protesta porque no acreditaron a sus miembros para constituir las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que se iban a instalar en ese municipio el cinco de noviembre, día de las votaciones municipales.

La trifulca ocasionó daños materiales en la sede municipal y el primer miembro del CEM, Carlos Dormus, –a quien culpan de las irregularidades del proceso electoral y quien fue delegado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN) en ese cargo–, resultó con una lesión en la cabeza.

Castillo manifestó que “el Gobierno debería de tener la capacidad de no permitir en circunstancias electorales violentar la norma, porque los partidos políticos lo que más esperan es la transparencia en el proceso”.

Debido a la trifulca del 31 de octubre, ocho personas fueron detenidas entre el 1 y 2 de noviembre y trasladadas a las celdas de Auxilio Judicial en Managua, mejor conocida como El Chipote. A otras siete se les extendió una orden de captura, pero también 15 más han sido amenazadas con ser detenidas por denunciar el fraude.

Acusación

Actualmente, los ocho detenidos están siendo procesados en Matagalpa. Son acusados de lesiones en distintos niveles de gravedad contra varias personas, incluyendo a cinco policías; daño agravado contra el CEM y la Policía en San Dionisio, además de obstrucción de funciones y portación ilegal de armas.

“En una situación de orden político, estás en medio de un proceso electoral, estás frente a un reclamo de un derecho constitucional y electoral, pues pudiera dársele a esto un tinte político”, dijo Castillo.

Antecedentes de las votaciones

Los militantes del PLC en San Dionisio y el presidente del CEM, Roosevelt Matamoros, –delegado por el PLC en ese cargo–, denunciaron durante todo el proceso electoral las irregularidades que se estaban cometiendo para favorecer al partido gobernante FSLN en la elección, sin embargo, sus denuncias no fueron atendidas por las autoridades nacionales del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Desde 2008, las elecciones en Nicaragua perdieron credibilidad por el control del partido gobernante FSLN en el sistema electoral, la falta de transparencia y la exclusión y desventaja con que participan las organizaciones políticas opositoras.

Los opositores expresaron su confianza de participar en las votaciones municipales, pese a la falta de garantías, por la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) como observador electoral internacional.

Las votaciones municipales del pasado 5 de noviembre estuvieron marcadas por la violencia electoral, que dejó como consecuencia siete muertos en diferentes municipios.

Criminalizan la protesta

El abogado y opositor político José Pallais Arana manifestó que los ciudadanos de San Dionisio fueron víctimas de violencia institucional, porque se les negó un derecho político, y para él “la violencia institucional siempre provoca violencia”. Pallais afirmó que el juicio que se está llevando a cabo contra esos ciudadanos es “crimilizar la protesta ciudadana“, porque ellos tenían derecho a protestar por el derecho negado. “El gobierno no debería criminalizar el reclamo que ellos mismos causaron. Si no hubiera estado esa exclusión de derecho y los mecanismos de fraude, esa protesta no se hubera dado”, agregó Pallais.

 

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