Diputados buscan acuerdo para consolidar informe unánime sobre investigación a créditos bancarios

Vie, 17/11/2017 - 13:57 -- Vinicio Vargas
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Los miembros de la Comisión Legislativa que analiza créditos bancarios, están buscando un acuerdo general para poder presentar un informe unánime al Plenario Legislativo sobre las conclusiones de su investigación.

Esa instancia especial que creó el Congreso, se enfatizó en tres créditos específicos, dos de ellos otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR) y uno por el Banco Nacional (BN). Para profundizar en el análisis político sobre el tema, realizaron un total de 74 audiencias, las cuales abarcaron a personas de diferentes entidades públicas y privadas, inclusive a dos Presidentes de los Supremos Poderes.

La atención legislativa se centró en el préstamo de $30 millones que el BCR le otorgó a Juan Carlos Bolaños para importar cemento chino marca Sinocem, pero también se estudió el de $32,7 millones que le dio el mismo banco a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), para comprar una Planta Hidroeléctrica que era propiedad de Holcim y el de $11,7 millones que giró el BN a la empresa Yanber a pesar de que la misma se encontraba pasando uno de sus peores momentos financieros.

“Todavía estamos en el proceso de determinar que es lo que nos va dejar el trabajo de esta comisión desde la visión del control político de la Asamblea Legislativa, pero yo creo que a la ciudadanía ya le ha dejado una intervención en el Poder Judicial. Han habido cambios en la fiscalía general,  se dio el acogimiento del Fiscal General de su derecho a la jubilación, las suspensiones de altos funcionarios como el del Magistrado Celso Gamboa, yo creo que esas es una gran herencia en búsqueda de la transparencia de parte de esta comisión”; comentó el Presidente de dicha comisión, el diputado de Liberación Nacional (PLN), Ronny Monge.

A partir de esos tres préstamos, se desenvolvió un interés nacional por determinar si existe o no una red de corrupción que se mueve en el país, así como también de verificar si se incurrió en tráfico de influencias en alguno de estos préstamos millonarios.

Debido a que el trabajo realizado fue muy extenso, a lo interno de la comisión existe un interés común de lograr un acuerdo unánime, pero están claros que agrupar las diferentes percepciones políticas no será una tarea fácil.

“Nosotros podríamos creer o suponer si hubo un tráfico de influencia, pero afirmarlo puede ser muy peligroso, para eso está el Ministerio Público”, comentó el socialcristiano William Alvarado Bogantes.

Producto de las investigaciones legislativas y judiciales, así como de la atención mediática que han tenido estos casos, hay siete personas detenidas por la Fiscalía de la República y múltiples procesos abiertos.

Además, se realizaron cambios estructurales en el Poder Judicial, el BCR e inclusive en el equipo de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Un problema de corrupción a nivel institucional de grandes dimensiones se ha dado a conocer a la ciudadanía y además han venido cosas adicionales que no esperábamos y que ponen entre dicho principalmente al Poder Judiciales. No es el primer acto de corrupción en Costa Rica, ni el más grande, sino el más conocido y eso es importante porque está marcando un parámetro en la historia nacional de que las cosas no se van a seguir tapando y que la impunidad no va continuar”, comentó la diputada oficialista Nidia Jiménez.

Después de varias ampliaciones acordadas, la comisión terminó sus audiencias el pasado viernes y según el plazo acordado por el Plenario Legislativo, deberán presentar un informe final el próximo 27 de noviembre.

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