Panamá adopta Declaración de San Pedro Sula para la protección de refugiados

Vie, 10/11/2017 - 17:59 -- Vinicio Vargas
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Durante la reciente Conferencia Regional del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), en la que participó Panamá, los Estados miembros adoptaron la Declaración de San Pedro Sula para la protección de personas refugiadas, que será presentada en la Septuagésima Tercera Sesión de la ONU en 2018.

La Conferencia fue desarrollada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno de la República de Honduras. Se trata de un esfuerzo regional para abordar el ciclo completo de desplazamiento: desde causas estructurales y soluciones en los países de origen al tránsito y la protección de las personas, hasta la integración y soluciones en los países de destino.

La delegación de la República de Panamá, estuvo conformada por Betzaida Guerrero, Embajadora de Panamá en Honduras; Saúl Jaramillo, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y Crismar Álvarez, Subdirectora de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (Onpar), del Ministerio de Gobierno.

En su intervención, la Subdirectora de Onpar, presentó los avances realizados en Panamá, así como las acciones prioritarias identificadas en el Plan de Respuesta.

Asimismo compartió  las lecciones aprendidas durante los procesos de consultas nacionales para realizar el balance sobre los avances y logros alcanzados frente a los compromisos asumidos previamente (Plan de Acción de Brasil, Declaración de San José); además de los vacíos de protección que persisten, prioridades, recursos y capacidades nacionales para la respuesta integral a solicitantes y personas refugiadas en Panamá.

Álvarez afirmó el compromiso y la disposición por parte del Gobierno panameño a continuar trabajando en este esfuerzo en conjunto de la comunidad internacional, sociedad civil y demás entidades gubernamentales para definir políticas, estrategias, acciones y programas dirigidos a proteger y garantizar los derechos y la protección de los solicitantes de la condición de refugiados y personas refugiadas.

 

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